Para solventar la demanda de financiamiento por parte de los salvadoreños que generaría la ejecución de proyectos para construir 7,000 viviendas en los próximos 18 meses —una de las estrategias anticrisis planteadas por el Ejecutivo—, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) dispone de más de $62 millones.
“El fondo tiene liquidez para seguir atendiendo a los clientes y usuarios. Como institución financiera hemos aceptado el compromiso de financiar el largo plazo de 2,000 viviendas de FONAVIPO y 5,000 viviendas que vamos a atender nosotros”, afirmó José Tomás Chévez, presidente de la autónoma.
En la construcción del primer grupo de casas participaría directamente el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), instancia que desarrolla un plan de ejecución, mientras que para las 5,000 unidades restantes se acudiría primero a la banca privada para asegurar los créditos a corto plazo.
Chévez manifestó que los esfuerzos se concentrarían en atender la demanda generada por la población que percibe entre dos y cuatro salarios mínimos, que es donde se concentra la oferta de vivienda de interés social.
“Ya están los planes de trabajo diseñados, será el constructor el que se ponga las alcalinas y provoque el desarrollo de los proyectos. En el caso de FONAVIPO ya se disponen de terrenos para desarrollar”, agregó.
El corto plazo
Uno de los obstáculos para la construcción de vivienda es el financiamiento a corto plazo a las constructoras, por parte de la banca privada.
Para solventarlo, las autoridades del FSV sostuvieron, el mismo día que el presidente de la República, Mauricio Funes, presentó el plan anticrisis, una reunión con la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
“Ya hubo un acercamiento con ABANSA ayer (jueves) mismo, y hay una intención buena de parte del sector financiero de apoyar la iniciativa en desarrollar y atender el financiamiento de corto plazo”, afirmó Chévez.
Esta apertura, a juicio del presidente del FSV, provocaría la generación de empleos y la reactivación del sector construcción, que podría derivar en una mayor demanda de vivienda que podría llegar a las 8,000 unidades habitacionales en los próximos 18 meses.
Como resultado, ambas partes se comprometieron a establecer herramientas de control “para que los proyectos se desarrollen sanamente”. “Los desembolsos van a estar en función a la evaluación de los proyectos y de acuerdo con el porcentaje de avance de la obra”, dijo Chévez.
Esto brindaría seguridad tanto a la banca comercial como al FSV, beneficiando a los financiadores de largo plazo, al de corto plazo y al cliente que adquiera una vivienda cuya construcción ha sido previamente supervisada.
“Anteriormente si un constructor tenía dos proyectos y sacaba plata de un banco, de repente la asignaba a otro proyecto; no hubo un seguimiento”, agregó.
Armando Arias, presidente de ABANSA, manifestó que se va a analizar los proyectos, así como a los deudores. Si el fondo ve factible el crédito a largo plazo, la banca está dispuesta a apoyar.